domingo, 31 de marzo de 2013

RICARDO MELGAR BAO : COMENTARIO SOBRE LAS CRITICAS DE LA ONU AL GOBIERNO PERUANO POR LA IMPUNIDAD REINANTE CONTRA 300 MIL MUJERES


Una nota periodística publicada en el diario El País (Madrid) el día de ayer sobre las críticas de la ONU al gobierno del Perú por la impunidad reinante frente a un agravio masivo cometido contra 300 mil mujeres, me suscita la siguiente reflexión antropológica: La libertad para las minorías étnicas y las clases subalternas bajo las democracias precarias frecuentemente es conculcada bajo los pseudo argumentos de que sus integrantes son ígnaros, manipulables, iletrados o irracionales por lo que hay tratarlos como a menores de edad y tomar decisiones por ellos. Bajo tal lógica se han cometido crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo: el programa de limpieza étnica a cargo de la policía sanitaria peruana arropado como "control de la natalidad". Resultado: 300 mil mujeres núbiles indígenas fueron esterilizadas bajo el gobierno de Fujimori con la complicidad activa de dos ongs feministas. De fondo la idea era blanquear al Perú, es decir, a menos indígenas más criollos y mestizos. De paso, creer ilusamente que a menor densidad demográfica familiar entre las familias menores preocupaciones políticas. En México conocimos dos frases magistrales: la primera lanzada por el titular de Salud Pública: "La familia pequeña vive mejor" y la segunda, encontró en las palabras del connotado antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán una fórmula etnocida magistral: Menos indígenas, más mexicanos. Los programas indigenistas aplicados en México no fueron de exterminio indirecto sino de autoritaria e inducida asimilación o integración cultural. Perú y México no son excepciones, todos los demás en nuestra América tienen lo suyo en su historia y en el presente. No ha concluido este proceso de doble movimiento antiindígena que poco mueve las conciencias y mucho menos las voluntades ciudadanas. 

Las esterilizaciones forzosas de la era Fujimori siguen impunes en Perú
La ONU critica a Lima por no depurar responsabilidades ni reparar los daños provocados a las indígenas doce años después
JACQUELINE FOWKS Lima 30 MAR 2013 - 18:19 CET23
Archivado en: Lima Indígenas Esterilización sexual Perú Aborto Derechos humanos Anticoncepción ONU Sudamérica Latinoamérica Reproducción Organizaciones internacionales Etnias Medicina Relaciones exteriores América Salud Sociedad

La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por las “denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de resultados en la investigación.

“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el jueves 28 en Ginebra.

En 2011, durante la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más dilaciones”.

Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra. Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el comité de expertos elaboró sus conclusiones.

Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”, añade Neuman.

El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.

Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.

Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del conflicto armado interno y la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las fuerzas armadas a la hora de entregar información.