domingo, 7 de abril de 2013

Julio Carmona: "Algo se pudre en Dinamarca"

"Algo se pudre en Dinamarca"

Uno de los fundamentos para relevar la importancia del arte y la literatura
es que sus autores se constituyen en las antenas alertas de la condición
humana. La frase que da título a este artículo (que es, propiamente, una
metáfora para aludir a la –tantas veces– secular corrupción) pertenece a
William Shakespeare, quien la puso en expresión de Hamlet, príncipe del
reino de Dinamarca, y personaje de la tragedia titulada con su nombre. Y,
en efecto, a raíz de la extraña muerte de su padre, Hamlet se avoca a la
empresa de ir denunciando todos los visos de corrupción que corroen al
reino, porque todos ellos apuntan al instigador o apañador de la misma: la
máxima autoridad, el sucesor del rey asesinado, y acusado por Hamlet de ser
el asesino (y hermano de la víctima, dígase de paso).

Las acusaciones de Hamlet, pues, no apuntan solo a esa cabeza principal
(que, a final de cuentas, siempre es la responsable –por la misma magnitud
de su cargo– de todo lo que ocurre bajo su mandato, y no es que solo los
mandos medios sean responsables, pues es parte de la acción corrupta de la
máxima autoridad dar luz verde a las tropelías de sus subordinados o
apañarlas en determinados casos, siempre que dejen indemne a la cabeza del
poder), por eso es que la justicia ejercida por Hamlet incluirá –en su
sanción– a su suegro y hasta a su propia madre, arrasando de paso, como
daño colateral, a su novia y a él mismo.

Cuantas veces yo he ejercido mi derecho ciudadano de luchar contra la
corrupción (que es denunciar todo atropello al Estado de Derecho), he sido
blanco de múltiples críticas, desde las más blandas –de entorpecer el
normal desarrollo de la institución– hasta las más duras –loco, terrorista,
inhumano por atentar contra los hogares de los denunciados, etc.– y, desde
luego, dejo de lado las críticas de los ignaros o intonsos. Y, a manera de
ejemplo, es pertinente aludir a lo ocurrido (o que está ocurriendo,
todavía) en relación con el concurso para plazas docentes. Un concurso
cuyos vicios de procedimiento y de fondo son tan ostensibles y hasta
flagrantes que lo único que amerita es la nulidad.

Pero el argumento que pretende aminorar esa hediondez (pues no hay ninguno
que la elimine) es que de esa manera se está perjudicando a varios docentes
contratados que iban a lograr su estabilidad al ser nombrados. Empero, este
"silogismo" tiene un parentesco increíble con este otro: "Sí, es cierto que
esta autoridad roba, pero hace obra." Es decir, encubrir un delito con una
buena intención. Y bien se sabe que "de buenas intenciones está empedrado
el infierno", vale decir: una buena intención, basada en una mala acción,
cumple un objetivo indeseable: empedrar el suelo de un lugar malsano. Es lo
que se llama "un triunfo pírrico" o llegar a ser presidente de un país como
tirano, dictador o asesino de su pueblo.

Pero, volviendo al concurso de plazas docentes, hace pocos días el decano
de la Facultad de Educación-UNP publicó una delictuosa "fe de erratas",
modificando los términos en que se ha convocado a una plaza de sociología.
Y digo que la publicación es delictuosa por varias razones: a) en situación
de tal magnitud debía contar con un acuerdo del Departamento académico
específico (al cual no pertenece el decano), acuerdo que debió ser
ratificado por otro del Consejo de Facultad, y no tiene ninguno de los dos,
o sea que el decano ha actuado como un autócrata del siglo XVIII, b) el
jurado para dicha plaza de sociología ya había sido instalado (durante otra
gestión decanal) y había evaluado los expedientes y decidido quién pasaba a
la clase magistral, con esos prolegómenos ya no se podía retroceder, pues
es ir contra todas las normas dictadas para el caso, aparte de que el
vicerrector académico se había pronunciado diciendo que la modificación era
extemporánea, c) el decano no tenía atribución para hacer la modificatoria
mediante una "fe de erratas" en un diario, porque quien tiene esa
atribución es el Consejo Universitario, órgano que hizo la convocatoria (en
el mes de diciembre, y el decano le dice que ha errado en el mes de marzo).
O sea que el decano ha incurrido en más de una falta administrativa
incluido el delito de usurpación de funciones.

Sin embargo, oh, sorpresa, después de diez días de ese legicidio, el órgano
afectado (a aquel que le habían usurpado las funciones) en lugar de
llamarle la atención públicamente al infractor, mínimo, aunque su
infracción amerita proceso administrativo si no denuncia penal por
usurpación de funciones, el Consejo Universitario vuelve a publicar un
pequeño aviso en el mismo diario "ratificando" el delito, pues dice que
"acordó ratificar el (sic) fe de erratas", errónea ella misma. Pero la
modificación que está imponiendo la mezcla de dos especialidades que ni
siquiera son afines (sociología y antropología) es gravísima (por los
errores arriba expuestos), pero también porque –he conversado con el Jefe
del Departamento de Ciencias Sociales– la necesidad académica requerida es
sociología, y no antropología, o sea que si gana el antropólogo (que todo
apunta a eso) se va a quedar sin carga académica o van a forzar los hechos
para que lleve los cursos de sociología, lo cual es una aberración
profesional.

Y entonces uno se hace dos preguntas: ¿por qué ese empeño en transgredir
las normas a sabiendas que todo está mal? Y la otra: ¿por qué esa soberbia
de creer que son impunes incluso ante el poder judicial a donde se puede
llevar este legicidio? Y las respuestas no son mías, sino de los entendidos
en estas cosas. La primera se explica porque los llamados a poner orden
contra la ilegalidad están más interesados en hacer que ganen las plazas
sus incondicionales, y –en este caso, dicen los entendidos– aun cuando el
Jefe del Departamento agraviado y el especialista miembro del jurado que es
un sociólogo, de hecho, van a calificar mejor al postulante con
licenciatura en sociología, al final va a resultar que tanto el decano
infractor como su par del Consejo Universitario (un decano de otra
Facultad) van a hacer lo contrario: calificarán mejor al antropólogo, y,
como en caso de empate, el decano tiene voto dirimente, entonces gana el
postulante que le conviene a la corrupción, el antropólogo.

Y la segunda respuesta es –siempre desde el punto de vista de los
entendidos– que los mismos llamados a poner orden en la Universidad aplican
el criterio de que si alguien judicializa esa situación –a todas luces
delictuosa– se van a estrellar con un poder judicial que ya está sometido a
través de la Facultad de Derecho en la que si bien no todos los docentes
son jueces hay otros que lo han sido (incluidos expresidentes de la Corte)
y de una u otra manera pueden influir en los fallos.

Ante esa situación clamorosamente infame y ante esa perspectiva totalmente
imprecisa, no queda si no repetir lo dicho por Hamlet: "Algo se pudre en
Dinamarca", y no tenemos el desinfectante apropiado para acabar con esa
hedentina, y casi casi queda la sensación que impulsara a César Vallejo a
escribir este verso desgarrado: "Mejor que se lo coman todo, y acabemos".
Y, a propósito de hoy 5 de abril, se puede preguntar: ¿Y Fujimori? ¿No
tenía igual todo controlado? Y al final fue sentenciado por todos sus
crímenes de lesa sociedad. Entonces todavía hay una luz de esperanza: que
el juicio sea asumido por un magistrado probo e incorruptible que, a no
dudarlo, los hay, como hay en la Universidad profesionales dignos, aunque
los otros hagan legión y den la impresión de que todos son de la misma
corrupción. A mí que me revisen.